La Ley 20.000 establece el marco regulatorio para las sustancias estupefacientes y psicotrópicas en Chile, siendo una normativa fundamental tanto para pacientes como para profesionales de la salud. Aunque su objetivo principal es sancionar el tráfico ilícito, la ley contempla disposiciones clave que diferencian y protegen el uso personal y medicinal del cannabis, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
El pilar de esta legislación es la distinción entre el delito y el uso justificado. Mientras que los artículos 1, 3 y 8 sancionan la elaboración, tráfico y cultivo no autorizado, los artículos 4 y 8 introducen una excepción crucial: las penas no se aplican si la persona puede justificar que el cannabis está destinado a "la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo".
La modificación a la ley, introducida en 2023, reforzó esta protección para los pacientes al detallar cómo se acredita la justificación para el cultivo. El artículo 8° establece que el cultivo de cannabis para un tratamiento médico se entiende justificado con la presentación de una receta extendida por un médico cirujano. Esta receta debe ser rigurosa y contener:
El diagnóstico de la enfermedad.
La descripción del tratamiento y su duración.
La forma de administración del cannabis, especificando que no puede ser mediante combustión.
Asimismo, la ley es estricta respecto a las responsabilidades. El artículo 6 sanciona a los profesionales médicos que emitan recetas sin una necesidad terapéutica real, y el artículo 50 establece como falta el consumo en lugares públicos, reforzando la idea de un uso privado y responsable.